A vueltas con la Reforma Laboral y la Negociación Colectiva (Parte II). Convenio sectorial y convenio de empresa no son lo mismo aunque a veces traten de confundirnos

En modo alguno es comparable un convenio colectivo sectorial a un convenio de empresa. Por ejemplo, una empresa puede renunciar a descolgarse bien porque los trabajadores ya han accedido a reducir sus salarios, porque ha habido ya previamente despidos, bien porque se han atendido otros planteamientos empresariales o simplemente porque su situación económica es buena y estable y no se prevé una evolución negativa, circunstancias todas estas impensables en la negociación de un convenio sectorial en la actualidad, con una coyuntura en términos generales muy complicada y en las que los sindicatos se niegan a negociar cualquier reivindicación patronal. No es correcto reducir el contenido de la negociación colectiva sectorial actual a la renuncia o no a la Reforma Laboral. En las mesas provinciales hay otros temas que también separan a las partes y que tampoco las centrales sindicales quieren negociar. Tampoco es cierto que desde las organizaciones empresariales exista una línea oficial inquebrantable a sus asociados para que no se renuncie a la Ley porque eso sencillamente es imposible.

Así, una empresa, independientemente de la postura que mantenga su organización empresarial en el convenio sectorial, tiene legitimidad para firmar lo que considere más favorable a sus intereses y a su actividad, faltaría más, no solo matizando dicha postura incluso teniendo el derecho legítimo a discrepar de ella, entre otros motivos, por uno tan evidente que resulta indiscutible, como es que el convenio de empresa se negocia atendiendo a su propia situación particular mientras que el convenio sectorial se debe al interés colectivo del sector.

En el primero la información que maneja la empresa es exacta y única, lo que te permite una negociación determinada, mientras que en el segundo no solo nos encontramos con distintas realidades empresariales dentro de un mismo convenio y distintos sectores a los que la organización debe atender, sino con una información sectorial y general. De ahí que la legitimidad de una organización empresarial para negociar un convenio colectivo pueda justificar en un momento dado un planteamiento distinto en la negociación al que pueda tener una empresa cuando negocia su convenio. De la misma forma que sucede al contrario.

Tampoco podemos olvidarnos de aquellas empresas que sin compartir determinados planteamientos se ven en ocasiones forzadas a firmarlos por la única razón de que no se pueden permitir un paro de la actividad en estos momentos.

También en mi opinión se pierde de vista con demasiada frecuencia que una empresa y su organización, cada uno desde su legitimidad, puedan no coincidir en un punto y sí en el resto de planteamientos. Es evidente que una renuncia a un aspecto concreto de la normativa no tiene el mismo alcance en un convenio de empresa que en un convenio sectorial. Como decía más arriba no es equiparable el hecho de que una empresa, que conoce perfectamente sus resultados, su organización y sus previsiones, “renuncie” en un momento dado al descuelgue o, por ejemplo, que pacte una determinada flexibilidad, sobre todo si a cambio obtiene algo, al hecho de que una organización empresarial “anule” sin más ese derecho para todo el sector o “elimine” de forma absoluta la posibilidad de flexibilidad. En una mesa de negociación sectorial en Bizkaia las centrales sindicales como regla general ni siquiera se plantean negociar una plataforma empresarial o modificar apartados del convenio anterior. Ese es el motivo real del bloqueo y conviene tenerlo muy presente.

Tampoco se hace mención a algunos planteamientos sindicales que contravienen claramente la legalidad vigente y otros que no buscan realmente una negociación de los aspectos en ella contenidos, sino la renuncia absoluta a la misma. Así, como regla general en las Mesas sectoriales no se propone negociar la flexibilidad sino “eliminarla”, no se plantea negociar un plazo alternativo de ultra-actividad al año que establece la Ley sino que el convenio “jamás decaiga” ni que “nunca cambie”.

No se plantea concretar que en los procesos de descuelgue las empresas tengan la obligación de acreditar antes los trabajadores sus circunstancias y de negociar con ellos de buena fe, sino sólo sirve que se renuncie a la posibilidad en última instancia de que un árbitro pueda decidir. Y me pregunto; ¿Cómo solucionamos el problema de una empresa si, tras acreditar motivos legales para un descuelgue temporal, tras negociar de buena fe con sus trabajadores una solución y tras acudir a los procedimientos voluntarios de resolución de conflictos, aún así, no alcanza un acuerdo de descuelgue con los trabajadores? La respuesta que en las mesas dan los sindicatos es “fíate de nosotros que cuando eso suceda ya alcanzaremos un acuerdo”. Lo mismo les digo yo y como tampoco me creen, esta es la prueba de que si eso sucede la única solución es que decida un tercero imparcial, decisión que conviene recordar, tal y como está configurada la ley, es excepcional y residual y también puede impedir la solicitud de descuelgue de la empresa. El “fíate de nosotros” no es una solución. Se olvida además que, a pesar de esta posibilidad –ya existe en algún convenio-, la mayoría de los descuelgues se seguirán acordando, precisamente porque siempre es mejor un acuerdo a que decida un tercero.

Finalmente, tampoco se atiende en las mesas de negociación a que hay aspectos de la Ley que un convenio sectorial pueden negociarse y limitarse, como la flexibilidad o la ultra-actividad y otros que sencillamente están fuera de su alcance, como prohibir sin más la utilización del procedimiento de descuelgue legalmente establecido (sobre todo si no se pacta otro procedimiento que solucione efectivamente una eventual discrepancia) o prohibir que una empresa negocie su convenio colectivo con prioridad en algunas materias sobre el convenio sectorial, algo que para algunas centrales sindicales parece no importar aún cuando la fuerza vinculante del convenio colectivo deriva precisamente del respeto a la Ley.

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