A vueltas con la Ultra-actividad y con la objetividad de los jueces

Parece por tanto que en este caso la incapacidad del legislador para plasmar en la redacción de la Ley de una forma clara su voluntad – claridad que sí consta expresamente en su Exposición de Motivos – ha provocado la existencia de una duda interpretativa y la creación de dos corrientes contrarias de opinión jurídica. Y ello aunque atendiendo a la voluntad de la Ley, poco o ningún sentido tenga conceder validez a estas cláusulas, firmadas en un contexto legislativo y económico que nada tiene que ver con el actual, desconociendo absolutamente la nueva normativa y cuya introducción en los convenios colectivos obedece más a la costumbres de la negociación que a una verdadera voluntad dispositiva en la materia. Quien ha estado alguna vez en una mesa de negociación conoce perfectamente de lo que le hablo.

Así, y sin perjuicio de la autocrítica que las partes negociadoras debemos realizar frente a la previsión de futuros cambios legislativos cuando se firma un nuevo convenio colectivo y sobre todo a la hora de copiar en el convenio literalmente lo que dice la Ley por las consecuencias que ello puede acarrear, la realidad es que desde que en 1994 se hiciera disponible para las partes negociadoras de un convenio colectivo la ultra-actividad del convenio realmente no se ha dispuesto sobre la materia. En la práctica sólo se han producido dos supuestos; a) o no disponer b) o bien “copiar” sin más la consecuencia que la Ley establecía subsidiariamente, ya que antes de la Reforma el hecho de no acordar nada te llevaba igualmente a la vigencia del convenio colectivo hasta la firma del siguiente, simplemente porque así lo establecía la Ley.

En cualquier caso, ningún sentido tiene, si la voluntad de la Leyes“evitar una petrificación de las condiciones de trabajo pactadas en convenio y que no se demore en exceso el acuerdo renegociador”, conceder validez a este tipo de cláusulas en los convenios que ya estaban firmados y denunciados antes de su entrada en vigor, ni trasladar los efectos de quienes pactaron bajo un régimen subsidiario de ultra-actividad indefinida a un contexto en el que el régimen subsidiario es radicalmente distinto. Una prueba de la voluntad dispositiva actual frente a la nula voluntad anterior de disponer es que en los convenios firmados después de la reforma se ha pasado a acordar pactos de ultra-actividad de todo tipo, algo que como hemos visto antes no sucedía; desde 12 meses, a 18 meses, dos años, diferentes periodos de ultra-actividad en función de la materia del convenio o incluso también la vigencia hasta el convenio siguiente.

Pero esto no deja también de ser una opinión personal. Así que vayamos con el verdadero objeto de la entrada en el blog tomando como referencia el debate que estos días existe en la calle sobre la objetividad de los jueces, personas como todos/as que al fin y al cabo también tienen una ideología y opinión propia o sufren vivencias personales.

Estos días la pregunta que la gente se hace es la siguiente ¿Puede un magistrado, que ha expresado en algún momento su apoyo a las reformas laborales introducidas a través de un artículo, juzgar objetivamente sobre las mismas?

En ningún caso me atrevería a contestar a esa pregunta, pero lo que sí sé es que durante el último año y medio se han producido críticas de jueces, incluso de alguna Asociación judicial, no solo a la Reforma Laboral, que como cualquier reforma es criticable, sino al uso que el empresario supuestamente va a hacer de la misma, críticas que más allá de cuestiones técnicas dejan entrever en ocasiones la opinión personal e ideología del magistrado/a y el concepto que éste/a tiene del empresario, como si todos fueran iguales o fueran a actuar bajo un mismo patrón o como si la coyuntura económica actual nada tuviera que ver con sus decisiones.

Así, por parte del algunos jueces se ha dicho; que “la última reforma laboral ha «inoculado» a la clase empresarial la idea de que «se había abierto la veda, de una manera todavía mayor que antes» o incluso que «ha facilitado muchísimo que se promuevan EREs», ya que «ahora prácticamente no hay cortapisas» (El Correo, 28 de diciembre de 2012), o por ejemplo, sobre la ultra-actividad se ha dicho que “Si no se renuevan los convenios las empresas caerán en el vacío y se producirá un deterioro terrible en las condiciones de muchos trabajadores que perderían muchos derechos” (El economista, 17 de diciembre de 2012). Jueces para la Democracia afirmaba nada más conocer la Reforma Laboral, utilizando una terminología idéntica a la de los sindicatos, y sin tiempo para analizar su uso por parte de las empresas, que la misma era ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente injusta”, “otorgando a los empresarios una facultad de disposición cuasi-absoluta” que se traduciría en posibles “abusos”.

Sin perjuicio de las opiniones que pueda tener un magistrado/a sobre la Reforma Laboral y el derecho a opinar con libertad del que dispone, faltaría más, a nuestro entender lo más preocupante no es la opinión, contraria o no a una u otra reforma legal, sino la terminología utilizada en algunas ocasiones para verterla.

¿A nadie le sorprende que un magistrado, más aún de la jurisdicción social, hable de “clase empresarial” y de “abrir la veda”, como si el empresario fuera un cazador y el trabajador su presa?  ¿A nadie le sorprende que se hable de “deterioro terrible” para el trabajador provocado por un empresario que ahora actúa “sin cortapisas”? Declaraciones en las que además se prescinde del contexto de crisis económica por el que actualmente atravesamos, del sufrimiento también de muchos empresarios, de la diferente tipología de empresas, etc., cómo si solo se contemplara un punto de vista.

Me gustaría trasladarles ahora la misma pregunta que antes; ¿Puede un magistrado que no comparte ni apoya la Reforma Laboral juzgar objetivamente cuestiones sobre ella? Aunque la pregunta más inquietante en mi opinión sería, ¿Puede un magistrado al juzgar abstraerse de sus prejuicios sobre una de las partes, de sus experiencias personales, del prisma que le ha dado sus vivencias?

En conclusión, si tuvieran ustedes. que apostar qué se va a decidir en el ámbito judicial vasco sobre la cuestión apuntada al inicio sobre ultra-actividad, cuando la Presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco aseguraba a la Cadena SER el pasado julio, tras la finalización de la vigencia de los convenios colectivos no firmados, que ya se estaba trabajando por encontrar criterios comunes, buscando “resquicios a la reforma laboral” para que el trabajador no vea agravar su situación. ¿Qué apostarían? Estarán conmigo en que la utilización del término “resquicio” es “clarificadora”. Y vaya por delante que mi opinión es que declarar la vigencia de tales cláusulas previas no sería incorrecto desde un punto de vista estrictamente jurídico, aunque también estarán conmigo en que esta no es la cuestión.

Bueno, esperaremos acontecimientos.

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