Enfermedades profesionales: “hay cosas que pueden resultar injustas, e incluso incomprensibles, pero no olvidemos que tenemos herramientas para hacer valer nuestras posiciones”

En el debate posterior a la jornada sobre cómo defenderse frente a Demandas por Enfermedad Profesional tratamos un tema que refleja lo injusto que es en ocasiones el papel de la empresa en el proceso administrativo, hasta el punto de ir contra del propio sentido común, lo que en nuestra opinión nunca debería suceder.

Decía un empresario, y no le falta razón, que en los procesos de determinación de contingencia profesional se omite totalmente a la empresa, negándole de inicio el carácter de interesado en el proceso, en un asunto tan importante como es la contingencia profesional de la que posteriormente pueden derivarse otras responsabilidades.

Más allá incluso de las eventuales responsabilidades que puedan derivarse, comentábamos que la propia definición de enfermedad profesional del artículo 116 LGSS, que exige que la enfermedad se contraiga “a consecuencia del trabajo” y del 115.2 e), que establece que exige para su determinación que “se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del trabajo”, acredita en sí misma el interés real y directo del empresario en tales procedimientos.

Resulta evidente que una empresa no es quién para determinar si alguien está incapacitado o no, si está enfermo o no, pero sí para argumentar si la enfermedad profesional tiene que ver o no con su proceso productivo, más aún si tiene la obligación, como es el caso, de establecer las medidas preventivas para evitar dicho riesgo de enfermedad.

Es más, se debatió mucho sobre la posibilidad de recurrir la propia empresa la resolución de determinación de contingencia profesional, incluso la necesidad de ello, como estrategia de defensa a futuro, llegando a ponerse en duda la legitimación de la empresa para actuar frente a una determinación de contingencia profesional.

La verdad es que pensaba que era un debate superado, teniendo en cuenta que el Tribunal Supremo, en sentencia de fecha 30 de enero de 2012, y confirmando otra resolución del mismo tribunal de fecha 20/05/09 [RCUD. 2405/08], concluye de forma contundente que:

“resulta innegable -dadas las responsabilidades que de tal calificación en su día pudieran derivarse- el interés legítimo de la empresa en la declaración de que el proceso de IT del trabajador deriva de enfermedad profesional”,

Dice en resumen nuestro tribunal supremo que el propio concepto de la legitimación “ad causam” o legitimación en sentido estricto, determina que el empresario esté activamente legitimado, por cuanto:

a) En la condena a la Mutua ha de entenderse implícita una condena al empresario responsable de la contingencia profesional, que puede tener consecuencias en otros procesos sobre responsabilidades distintas de las que se sustancian en el proceso de Seguridad Social (indemnización adicional por culpa, recargo, etc.).

b) Y porque evidentemente este proceso comporta el reconocimiento y declaración de la concurrencia de unas circunstancias en el desarrollo de la actividad laboral en el seno de la empresa que, sin duda alguna, afectan al interés empresarial en la materia que se enjuicia.

Por ello, si tal y como manifiesta nuestro Tribunal Supremo, resulta innegable el interés legítimo de la empresa, dadas las responsabilidades que de tal calificación pudieran derivarse, el mismo interés debiera ser suficiente para iniciar un proceso de determinación de contingencia, precisamente por la necesaria relación indisoluble que legalmente hay entre la enfermedad profesional y el trabajo.

Cierto es que la empresa con carácter general no ostenta titularidad alguna sobre la relación jurídico-material de Seguridad Social que se discute en dicho proceso administrativo, pero no es menos cierto que su interés legítimo es real si se determina que un proceso de IT deriva de contingencia profesional.

Una parte importante de estos problemas se hubieran solucionado si se hubieran hecho caso a las Alegaciones realizadas por CONFEBASK y las tres territoriales (ADEGI, SEA y CEBEK) en febrero y septiembre de este año en el trámite de alegaciones al Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, que ha modificado el artículo 6 del Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, de desarrollo reglamentario de la Ley 40/2007, de medidas en materia de prestación de IT, con el fin de introducir expresamente, de una vez por todas, la posibilidad del empresario en su condición de empleador para iniciar un proceso de determinación de contingencia a partir de la fecha de emisión de un parte de baja médica. Más aún cuando el propio artículo 6, citado anteriormente, establece expresamente que la resolución de los procesos que pueden ser instados por la Mutua, INSS o el trabajador, deben comunicarse obligatoriamente a la empresa.

Pero más aún, cuando desde el año 2006 las organizaciones empresariales citadas anteriormente hemos solicitado de forma reiterada, no solo que se reconozca la legitimación de la empresa en los procesos de IT, en tanto que parte muy interesada en los mismos, sino que dicho reconocimiento ha de conllevar la articulación de algún procedimiento que permita una relación fluida entre la empresa, el Servicio Público de Salud (en particular con la Inspección Médica), con el INSS y con las Mutuas; de manera que, por ejemplo, las empresas puedan facilitar al SPS información relevante sobre los requerimientos que conlleva el puesto de trabajo ocupado por el trabajador; o que en determinados supuestos se puedan elevar alegaciones o recursos (es decir, más allá de una mera remisión de información sobre la situación de los procesos).

En definitiva, que desde la Administracion se nos deje de ver únicamente como un “colaborador necesario” al que solo se tiene en cuenta como “pagador por delegación”, que no es sino adelantar un pago que no me corresponde, o como “pagador por obligación”, pues no debemos perder de vista que la IT derivada de Enfermedad común la soporta la empresa del 4 al 15º día, y se nos tenga en cuenta en nuestra condición global de empleadores, sobre todo en cuanto a la enfermedad profesional por las responsabilidades citadas anteriormente que se pueden derivar de dicha contingencia.

En conclusión, y volviendo al debate que se planteó en el coloquio, reiteramos lo dicho en el mismo. Si resulta innegable el interés legítimo empresarial, no tiene sentido alguno que la posibilidad de iniciar un proceso de determinación de contingencia conforme al RD 1430/2009 se circunscriba a su condición de “empresa colaboradora”, y se guarde silencio sobre una cuestión, además ya resuelta judicialmente por el Tribunal Supremo, como es la condición de interesado y el interés legítimo del empresario en la determinación de la contingencia profesional. Ni tampoco tiene sentido que el papel de la empresa en dicho proceso se siga circunscribiendo al de un mero informador de datos.

Es de sentido común que si el INSS de oficio, puede instar un proceso para la determinación de la contingencia, o el propio trabajador lo puede hacer si no está conforme con la contingencia del parte de baja, que el empresario también aparezca como sujeto legitimado para ello si no está conforme con un parte de baja derivado de enfermedad profesional. O cuanto menos que dicho proceso tenga un trámite de alegaciones.

En cualquiera de los casos, si la empresa considera necesario o conveniente discutir dicha calificación de contingencia, y a pesar de los problemas que se nos plantean en el proceso administrativo, debe saber que dispone de herramientas, aunque para ello deba judicializar el tema, si bien esta es una decisión que corresponde a la esfera empresarial en función de las circunstancias de cada caso y de lo que le indiquen sus asesores.

Asimismo, hay que recordar también a las empresas que, conforme al artículo 35.1 apartado a) de la Ley 30/1992, también les asiste como administrados el derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que se tenga la condición de interesados y a obtener copias de documentos contenidos en ellos, y que con carácter previo a un proceso judicial existan cauces legales necesarios dentro del proceso para solicitar la documentación del expediente, así como para aportar lo que a su derecho convenga.

Tal y como alguien afirmó en el coloquio, hay cosas que pueden resultar injustas, e incluso incomprensibles, pero no por ello hay que resignarse. Feliz lectura.

Mikel Andérez
Director Área Jurídico-Laboral de CEBEK

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