Lo que dice la Ley, lo que interpretan los tribunales que dice la Ley y las muletillas de los demás


De vez en cuando, conviene hacer un pequeño repaso de los últimos pronunciamientos judiciales. Cuanto menos para conocer de primera mano que, más allá de las distintas valoraciones que se hagan o de las discrepancias jurídicas que se tengan, algunas afirmaciones que se escuchan estos días no son ciertas. Como dice el título de esta entrada, una cosa es lo que dice la Ley, otra lo que interpretan los tribunales que dice la Ley y otra lo que dice el resto.

Recuperar estereotipos de hace tres años sobre la Reforma Laboral, sin tener en cuenta que durante este periodo han sido desmentidos por los tribunales, solo puede tener un objetivo que poco o nada tiene que ver con las necesidades de la empresa y de los trabajadores/as.

Y sobre todo, porque no hay datos concluyentes que permitan sostener si la Reforma Laboral ha sido buena o mala para el País, ni mucho menos que nos indiquen qué hubiera pasado si la Reforma Laboral hubiese sido otra distinta, por lo que intentar dar respuesta a tales preguntas nos lleva irremediablemente al terreno de la hipótesis en el que cada uno piensa y dice lo que le conviene. Y no precisamente con la intención de legislar nuevamente para construir una empresa más competitiva y lograr así un empleo más estable.

Por ello, no debiéramos obviar todo lo que han dicho los tribunales los tres últimos años y ponernos a “derogar” sin más, sobre todo si el objetivo es de verdad consensuar entre todos un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Si nos ponemos un plazo de un año para alcanzar un acuerdo (o consenso como gusta decir ahora) ¿para qué “derogar” antes por decreto una reforma sobre la que ya se han pronunciado los tribunales? Busquémoslo desde el minuto 1, pero no retrocedamos legislativamente 3 años para un año después volver a cambiar. Y no lo hagamos por intereses que seguro poco tienen que ver con los intereses comunes de los muchos y distintos trabajadores/as y empresas que existen en Euskadi.

Porque también es hora de visualizar las diferencias y las distintas necesidades de todos/as, más allá de los intereses de quienes quieren trasladar una misma imagen negativa del empresario o empresaria, enfrentado a los trabajadores/as, que no se corresponde con la realidad.

Pongamos algunos ejemplos para ilustrar a qué nos referimos ¿Qué se decía en 2012 sobre la Reforma Laboral? Afirmaciones tajantes y sin matices, entre otras, “la Reforma da carta blanca al empresario”, “La reforma laboral permite despedir sin motivo”, “La Reforma es inconstitucional”, “la Reforma limita el papel sindical y permite a las empresas saltarse el convenio”, etc.

¿Qué se deduce de los pronunciamientos de los tribunales en 2015? Entre otras cuestiones,

• Que no es cierto que se pueda despedir sin motivo, o que cualquier pérdida, previsión de pérdidas que se alegue es suficiente para despedir.

• Que no es cierto que la Reforma Laboral sea inconstitucional o que impida un control judicial pleno y efectivo.

• Que en ningún caso las decisiones de las empresas son discrecionales, sino regladas, por lo que los tribunales pueden (y así lo hacen) enjuiciar la razonabilidad entre el motivo o motivos que se alegan y la decisión de la empresa, debiendo además ésta justificar documentalmente la existencia de las causas y la razonabilidad de su decisión.

• Que las condiciones contenidas en los convenios colectivos, aunque estos pierdan vigencia estatutaria, no desaparecen sin más.

• Que las medidas introducidas por la Reforma Laboral no se presentan como un simple medio para lograr un incremento del beneficio empresarial, sino como medidas racionales para corregir deficiencias en el plano económico, productivo, técnico u organizativo.

• O que el descuelgue es constitucional precisamente porque se exige un motivo, porque no es ilimitado ni indefinido, porque se garantiza su control judicial pleno (incluyendo la existencia o no de las causas) y porque en ningún caso es unilateral, sino acordado o dispuesto por un árbitro imparcial tras el fracaso de las negociaciones.

¿Qué mayor garantía puede haber frente a una decisión de la empresa de descolgarse de un convenio que la enjuicie un árbitro imparcial primero y que lo que dice dicho árbitro, si no es del agrado de las partes, aún pueda ser enjuiciado y analizado en un proceso judicial de forma plena y con todas las garantías?

Mentiríamos si dijéramos compartir todos los pronunciamientos judiciales que se han producido en estos tres años, pero en ningún caso podemos, ni debemos obviarlos en la búsqueda de un nuevo consenso.

Por el contrario, seguir manteniendo en 2015 que hay que derogar la Reforma Laboral porque da “carta blanca a los empresarios y recorta derechos”, como una verdad incuestionable y al margen totalmente de otras circunstancias, en nuestra opinión no ayuda, sino todo lo contrario, a obtener ese consenso al que se alude como objetivo primordial. Al igual que repetir que la Reforma Laboral es perfecta y que nos ha sacado de la crisis también nos aleja del objetivo.

Por todo ello, si deseamos de verdad un nuevo consenso y un nuevo Estatuto de los Trabajadores busquémoslo, trabajemos para ello, pero no “por decreto” eliminando todo lo anterior al margen de lo que dice la Ley y de lo que interpretan los tribunales. Y sobre todo, intentemos no obviar todos los hechos que nos indican que el modelo de confrontación entre empresarios y trabajadores que algunos continúan defendiendo no solo está desfasado, sino que nos lleva en dirección contraria.

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