El difícil equilibrio entre el derecho a la intimidad de los trabajadores y el poder de la empresa en el ámbito de la video-vigilancia

Para el segundo tema hemos elegido también una Sentencia, de fecha 3 de mayo de 2016 nº 837/2016, que aborda una problemática de difícil equilibrio entre los límites del derecho a la intimidad de los trabajadores y el poder de dirección empresarial en el ámbito de las pruebas de video-vigilancia; la instalación de cámaras ocultas.

En este caso nos encontramos ante un socio trabajador de una cooperativa que pone en conocimiento de la Dirección que viene recibiendo mensajes amenazantes en su mesa, en reiteradas ocasiones encuentra ésta revuelta y que incluso le han llegado a dejar una caja de cartón con excrementos sobre la misma, motivos por los cuales la dirección de la Empresa decide instalar una cámara de forma exclusiva dirigida hacia la mesa en las que vienen ocurriendo los hechos, siendo conocedor de la instalación el responsable de la sección pero no la plantilla, si bien ésta si había sido informada previamente de los hechos que estaban ocurriendo y de que se iba a actuar con total severidad para encontrar al responsable. Tales cámaras identifican al responsable de los hechos, que resulta sancionado, no despedido.

Es importante esta sentencia porque nuestro Tribunal Superior aplica la última Sentencia del Tribunal Constitucional nº 39/2016, de 3 de marzo, el uso de las cámaras de seguridad en la empresa para el control de la actividad profesional del empleado, concluyendo que la empresa tiene el derecho a servirse de dicha instalación para su defensa en juicio y que la misma, pese a no haber sido comunicada previamente, resulta adecuada, en resumen:

  • Porque en este caso no supone un control generalizado, global e indiscriminado, constante ni permanente, sino que se justifica en la previa sospecha y en su realidad confirmada y constatada con posterioridad a través de las imágenes obtenidas.
  • Porque se realiza en un espacio de tiempo limitado y bajo un procedimiento de seguridad documentado.
  • Y porque se cumplen los principios de necesidad e indispensabilidad, así como de idoneidad y adecuación, pues no habría modo alguno diferente de comprobar si las irregularidades sospechadas tenían visos de verosimilitud, ya que si se hubiera comunicado previamente con carácter general a toda la plantilla ello evitaría cualquier otra posibilidad de obtener pruebas sobre los hechos acaecidos.

En definitiva, no se exige en estos casos un consentimiento previo y expreso, pero sí debe partirse de un cumplimiento exhaustivo del principio de proporcionalidad.

Pero ¿y Ud. qué opina en este caso?

Les animamos a leer la entrada y a realizar los comentarios que consideren oportunos sobre las sentencias comentadas, no tanto desde la perspectiva jurídica, sino desde una perspectiva mucho más amplia y ajena al mundo del derecho. ¿Cuál es su opinión? ¿Entienden correcto que un empresario pueda instalar cámaras cuando tiene sospechas razonadas de que se está cometiendo un supuesto de acoso en la empresa? Opinen como consideren.

Sin comentarios