El Tribunal Supremo y la utilización de las cámaras de vídeovigilancia en el ámbito laboral

alex-knight-174797La utilización de las cámaras en el ámbito de la empresa es un tema que suscita siempre polémica. No es objeto de la presente entrada profundizar en ella, sino simplemente indicar que el Tribunal Supremo con sus últimos pronunciamientos refuerza el control empresarial de la actividad laboral, incluso sin obtener el consentimiento del trabajador/a, lo que no obsta a que sigamos insistiendo en la recomendación de informar previamente a los trabajadores/as y a sus representantes del uso y los fines de las cámaras de vídeo-vigilancia, así como de la elaboración de protocolos de actuación en el uso de los medios telemáticos puestos a disposición de la plantilla.

Así, hemos tenido conocimiento a través del CENDOJ y del Blog del Catedrático Eduardo Rojo Torrecilla, de las Sentencias del Tribunal Supremo, de fechas 31 de enero de 2017 (Recurso nº 3331/2015, 1 de febrero (Recurso nº 3262/2015) y 2 de febrero (Recurso nº 554/2016).

En la primera de ellas, el Tribunal Supremo, y pese a acreditarse que la empresa no había informado a la plantilla del destino que podía darse a las imágenes recogidas por el sistema de vídeo-vigilancia instalado por la Empresa, concede validez a dichas imágenes como prueba para demostrar la manipulación y hurtos cometidos por un trabajador de la misma.

El Tribunal Supremo concluye la validez de las imágenes pese a que la Ley Orgánica de Protección de Datos prevé que “el tratamiento de los datos de carácter personal – como serían las imágenes -requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley disponga otra cosa”, entendiendo el supuesto enjuiciado incluido entre las excepciones legalmente contempladas para no exigir dicho consentimiento.

La Sala de lo Social entiende que el tratamiento de las imágenes obtenidas, dirigido al control de la actividad laboral, no hay que someterlo al consentimiento previo de los trabajadores/as porque está dirigido exclusivamente al cumplimiento del Contrato de Trabajo, añadiendo además que “el consentimiento se entiende implícito en la propia aceptación del contrato que implica el reconocimiento del poder de dirección del/a empresario/a”.

Pero si el trabajador no conocía previamente el uso que la Empresa podía hacer de las imágenes captadas y siendo el deber de información contenido esencial del derecho a la protección de datos ¿Por qué no se entiende vulnerado este derecho? Pues sencillamente porque la empresa colocó el correspondiente distintivo de sistema de video-vigilancia en el escaparate de la tienda dónde el trabajador prestaba sus servicios, entendiéndose también cumplido el deber de información.

En conclusión, el Tribunal Supremo entiende que:

  • La instalación de cámaras de seguridad es una medida justificada por razones de seguridad, incluyendo entre éstas los ilícitos laborales que puedan cometer los empleados o empleadas.
  • Y que también es idónea, necesaria y proporcionada al fin perseguido (garantizar la seguridad), más aún cuando la plantilla estaba informada, expresamente (a través de la colocación del distintivo informativo), de la instalación del sistema de vigilancia, de la ubicación de las cámaras por razones de seguridad, expresión amplia que incluye la vigilancia de actos ilícitos, no solo de terceros, sino también de los empleados/as,
  • Advirtiendo eso sí, que el concepto de seguridad del centro excluye otro tipo de control laboral que sea ajeno a la seguridad, esto es el de la efectividad en el trabajo, las ausencias del puesto de trabajo, las conversaciones con compañeros, etc.

Las otras dos sentencias citadas, dictadas respectivamente el 1 y 2 de febrero, concluyen igualmente la necesidad, proporcionalidad e idoneidad de la medida adoptada por la empresa, pese a que tampoco se había informado expresamente de la finalidad disciplinaria para la que se utilizan las imágenes, si bien el hecho de que la instalación del sistema fuese público y conocido por los trabajadores/as, al igual que las circunstancias concretas de cada supuesto, hacen que el Tribunal Supremo avale su legalidad, aplicando la doctrina contenida en la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 39/2016, de 3 de marzo, en virtud de la cual también se reconocía validez a las imágenes captadas por las cámaras aún sin aviso previo al trabajador despedido.

En cualquier caso, no debemos olvidar, primero, que estando en juego los derechos fundamentales siempre debe realizarse un juicio de necesidad, proporcionalidad e idoneidad en el que las circunstancias concretas influyen en el pronunciamiento, y segundo, que el Tribunal Supremo, hasta la Sentencia del TC citada en el párrafo anterior, mantenía una opinión más estricta al respecto.

Por todo ello, seguimos recomendando que se informe previamente a los trabajadores/as y sus representantes de los fines, sean de seguridad o de otro tipo de control de la actividad laboral, para los que se utilicen los sistemas de vídeo-vigilancia instalados en las empresas, debiéndose tener en cuenta que, si bien el Estatuto de los Trabajadores faculta a la empresa a “adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales” también obliga a que, con carácter previo a la implantación y revisión de sistemas de control del trabajo, se solicite la opinión e informe de los Representantes de los Trabajadores. Ya que además, dentro del concepto de seguridad, como bien recuerda el Tribunal Supremo no se incluyen todos los tipos de control laboral.

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